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El acuerdo petrolero con Venezuela que anunció Donald Trump fue una sorpresa de quien ya casi nada sorprende. Asombra por su tamaño, duración y asimetría, pero también por su anacronismo. Parece una reliquia de la América colonial.
¿Qué llevó a Trump a este desatino imperial que causó revuelo en ambos países?
Hay al menos tres motivos que pueden coexistir. El primero es el más evidente: a Trump le gusta la idea de adueñarse de los recursos naturales venezolanos. Esto no es especulación; él mismo se jactó hace días de que no solo se había llevado a Nicolás Maduro de Venezuela, sino «todo su petróleo».
Otra razón es más política e inmediata. De cara a las elecciones de mitad de período, Trump puede vender el acuerdo como un éxito de su gestión que contribuirá a bajar los precios de la gasolina, aun cuando es imposible que eso ocurra a corto plazo. Venezuela produce hoy menos del 1% del crudo mundial y cualquier aumento sustancial tardaría años en materializarse.
El tercer motivo nace de una frustración. Estados Unidos no ha logrado atraer el capital necesario para explotar a gran escala las reservas venezolanas y habría decidido, mediante el convenio, reordenar el tablero para convertir el recelo de los inversores en entusiasmo.
De los tres, este último sería el más sensato, ya que Venezuela necesita 100.000 millones de dólares para superar el pico de producción alcanzado antes del chavismo. Pero si esa es la intención, el acuerdo petrolero podría agravar el problema que busca solucionar. En lugar de conseguir el capital requerido, amenaza con profundizar el escepticismo de las empresas realmente capaces de transformar el sector.
En el plano político, puede generar además consecuencias imprevistas al crear incentivos para demorar la transición democrática que Washington dice querer impulsar.
Podría acabar siendo el factor decisivo que permita a la dictadura sobrevivir.
Un acuerdo asimétrico
Antes de entrar en materia, una aclaración: más que un acuerdo, se trata de una imposición. El chavismo no lo habría firmado sin el acoso militar de Estados Unidos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el resto de la cúpula no quieren correr la misma suerte que Nicolás Maduro. Decidieron entonces que, por el momento, la mejor manera de salvarse es someterse a los designios de la Casa Blanca.
Este último ha sido el más denigrante. Rodríguez fue obligada a otorgar a North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada de un oligarca venezolano, concesiones sobre 17 campos petroleros durante un siglo, sin una licitación previa que permitiera a otras compañías competir por reservas que ascienden a 65.000 millones de barriles. Es decir, las concesiones se entregaron a dedo, pero con el dedo de Trump.
Al mismo tiempo, Estados Unidos, sin aportar capital, obtuvo una participación del 35% en la matriz de NABEP, derechos sobre sus operaciones y control de la junta directiva, además del 20% de la producción de la compañía a descuento y, como si todo esto fuera poco, la opción de adquirir el 80% restante antes de que se le ofrezca a otros compradores. Ni Cipriano Castro ni Juan Vicente Gómez entregaron tanto por tanto tiempo por tan poco.
¿Cómo es posible que se haya firmado un acuerdo en el que un país pobre, recién devastado por un sismo, renuncie a cuantiosos ingresos petroleros para subsidiar a una superpotencia? ¿Por qué se aceptó que Estados Unidos obtuviera beneficios concretos e inmediatos, incluidos barriles de crudo a precio de costo y una participación directa en la explotación de una quinta parte de las reservas, mientras que Venezuela solo recibe una promesa nebulosa de inversión, sin metas concretas conocidas ni penalidad alguna por incumplimiento?
La respuesta corta es que la Casa Blanca pactó con dos partes que domina. Ya sabemos que la apuesta de Delcy es subyugarse temporalmente ante Trump y ofrecerle negocios con la esperanza de que la mantenga en la presidencia hasta que Washington pierda su capacidad de coerción.
En el caso de NABEP, el cálculo podría ser similar. El dueño de la empresa, Alejandro Betancourt, ha estado bajo investigación en varios países por presunto lavado de dinero. Según han reportado los medios, la administración Trump intercedió a su favor ante las autoridades suizas y británicas, logrando que le levantaran restricciones de viaje y bloqueando una solicitud de extradición. La Casa Blanca no solo puede ayudarlo a sortear esa presión judicial, sino amenazarlo con reactivarla tanto en el extranjero como en Estados Unidos, donde Betancourt también ha sido investigado por varias agencias federales.
Bajo esta luz, no sorprende que el empresario haya cedido a Washington buena parte del control de su empresa. En Betancourt, la Casa Blanca encontró a un «socio» con fuertes incentivos para servir de vehículo de sus intereses en Venezuela. En Trump, Betancourt vio una oportunidad única para forjar una relación que podría ayudarlo a resolver sus líos con la justicia y ampliar el horizonte de sus negocios.
Una nueva categoría de riesgo político
En teoría, el gobierno de Venezuela recibirá algo a cambio de todo lo que otorga a Estados Unidos: capital. El acuerdo proyecta inversiones de 100.000 millones de dólares durante los próximos 25 años y, como resultado, un aumento considerable de la producción y 200.000 millones en regalías e impuestos.
¿Quién aportará el capital? Al parecer no será Estados Unidos, que aseguró a sus contribuyentes que no pagarán un céntimo. Tampoco NABEP ni Betancourt, que no disponen de esa cantidad de recursos. Cabe suponer entonces que el dinero provendrá de gigantes del sector energético con el músculo financiero, la capacidad técnica y los recursos humanos para cumplir las metas previstas.
Por supuesto, nada garantiza que esta inyección masiva de capital se concrete y, de hecho, las grandes petroleras tienen razones para proceder con cautela. Tanto los demócratas en el Capitolio como la oposición venezolana han manifestado su rechazo al acuerdo. Esto abre la posibilidad de que sea modificado o anulado por futuros gobiernos, incluido el de la propia Delcy después de Trump. Frente a este panorama incierto, ¿no sería prudente esperar hasta la próxima elección presidencial de Estados Unidos antes de comprometer miles de millones de dólares en proyectos cuyos beneficios tardarían hasta una década en llegar?
La posible ilegalidad del convenio en ambos países añade otro riesgo: lo vuelve más vulnerable a impugnaciones en distintas jurisdicciones. A esto se suma Betancourt, un personaje de dudosa reputación con quien muchas empresas probablemente no quieren asociarse y que la oposición venezolana repudia por sus vínculos con la corrupción chavista.
Hay, además, otro factor que podría actuar como rémora. Estados Unidos ya no es solo el patrocinador político de la reapertura energética en Venezuela. Con el acuerdo también se ha convertido en un actor con intereses en el sector y en un beneficiario de la producción que goza de privilegios especiales.
Considerando el leverage que tiene sobre NABEP y el régimen venezolano, no es exagerado afirmar que Washington es ahora árbitro y competidor. Ejerce una enorme influencia en el terreno en el que operan todas las empresas y el poder de favorecer a unas sobre otras o de anteponer sus propios intereses a los de los demás. Esa combinación introduce una nueva categoría de riesgo político que podría alterar las matemáticas de cualquier inversión.
Es verdad que, con los precios del barril en cien dólares, el país se vuelve más atractivo para todas las petroleras, muchas de ellas acostumbradas a operar en lugares de alto riesgo. Con o sin acuerdo, en Venezuela habrá más inversión.
Pero la pregunta importante es si este logrará atraer el volumen de capital de largo plazo necesario para triplicar o cuadruplicar la producción. Empresas ya establecidas en Venezuela, como Chevron y Eni, pueden aprovechar su infraestructura, equipos, mano de obra y logística para ampliar sus operaciones mediante proyectos de menor riesgo y costo relativamente bajo asociados a los ya existentes. Pero una verdadera transformación exigirá apuestas más ambiciosas.
Las ventajas de mantener el statu quo
Imaginemos que este acuerdo, pese a ser desfavorable para Venezuela, acelera el proceso de transición. ¿No debería la oposición concentrarse en seguir exigiendo elecciones, sin prestar demasiada atención a un pacto que un gobierno democrático podría desechar por su carácter rapaz e ilegal?
Esta pregunta sería válida si el convenio de Trump llevara a fijar cuanto antes una fecha electoral. El problema es que hay razones de peso para temer lo contrario: precisamente porque estaría en peligro con un cambio, el acuerdo favorece la preservación del statu quo.
De hecho, la política de Washington hacia Venezuela se caracteriza ahora por una tensión interna. La estrategia que diseñó el Departamento de Estado contempla tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición. Pero el éxito de la fase final pondría en riesgo esta apropiación de crudo que Trump considera un logro histórico. ¿Para qué arriesgarse a que otro gobierno desmonte su plan cuando Delcy Rodríguez le garantiza estabilidad?
Lo peor es que no es solo él. Pululan reportes de ejecutivos oportunistas cercanos a Trump que están negociando otros convenios en este nuevo contexto de creciente control de Washington sobre los recursos venezolanos. Estas empresas podrían no oponerse a la democracia, pero sí creer que la democracia amenaza sus contratos. O calcular que el riesgo sería menor con Delcy.
El acuerdo de Trump fomenta la creación de un ecosistema de actores cuyos intereses económicos pueden verse afectados por un cambio de gobierno. De una manera u otra, todos podrían ayudar a Rodríguez en su estrategia de aplazar los comicios presidenciales tanto como sea posible, a la espera de que Estados Unidos pierda su poder sobre el régimen.
Cuando eso ocurra, el chavismo volverá a sus viejas prácticas. Cerrará los espacios de libertad que se han abierto desde la intervención militar y retomará la represión contra sus adversarios, quizá esta vez con un furor revanchista alimentado por las humillaciones de los últimos meses.
Y la historia recordará a Trump como un presidente que, aunque desplazó a Maduro y doblegó temporalmente a su entorno, terminó dejándose manipular por quienes creyó haber vencido para siempre.
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