El dilema de la oposición con Trump
¿O realmente existe un dilema?
¿Cómo debe reaccionar la oposición en Venezuela ante la arremetida de Trump contra los migrantes venezolanos, incluyendo las deportaciones sin debido proceso a una cárcel en El Salvador, la cancelacion del Estatuto de Protección Temporal (TPS) y el ‘parole’ humanitario, así como la suspension de emisión de visas para viajar a Estados Unidos?
En las últimas semanas, varias noticias han vuelto a colocar a la oposición venezolana en una posición incómoda. La primera es que la Corte Suprema de EE UU decidió permitir que la administración Trump revocara el TPS y el ‘parole’ a cientos de miles de venezolanos, abriendo la puerta a su posible deportación.
De un momento a otro, estos migrantes pasaron de vivir legalmente en EE UU a una situación de tortuosa incertidumbre, en la que se verán obligados a regresar a una dictadura, mudarse a otro país o permanecer de forma ilegal. No hace falta tener una gran imaginación para comprender el golpe que representa la política de Trump en la vida de estas personas, algunas de las cuales ya han atravesado momentos muy difíciles antes de alcanzar un mínimo de estabilidad en EE UU.
La segunda noticia es que, como parte de un paquete de medidas que incluye prohibiciones y limitaciones parciales a la entrada de ciudadanos de 19 países, EE UU suspenderá la emisión de visas para venezolanos, incluidas las requeridas para entrar como inmigrantes, estudiantes o turistas.
Esta medida fue anunciada ayer y circulan rumores de que las visas ya emitidas podrían dejar de ser válidas, aunque habrá que esperar la confirmación de esta información.
La tercera noticia proviene del Instituto Cato, en Washington DC, que publicó un reporte revelando que al menos 50 de los 240 venezolanos que fueron deportados a una prisión de El Salvador gozaban de estatus legal en EE UU.
Varios medios, incluyendo CBS, Bloomberg y The New York Times, ya habían publicado investigaciones que demostraban que un alto porcentaje de los deportados no tenía antecedentes penales en EE UU ni vínculos probados con pandillas. Pero el Instituto Cato —un think tank de derecha— descubrió que un número importante ingresó legalmente al país y no había violado leyes migratorias.
Es perturbador que una democracia como la de EE UU traslade a cualquier persona a una cárcel de una dictadura, donde los prisioneros no tienen acceso a abogado, visitas, llamadas ni otras garantías básicas. Encarcelar sin motivo aparente y sin cargos a migrantes legales que no han hecho nada malo es una atrocidad que, tarde o temprano, será reconocida universalmente como tal.
¿Cuál debería ser la reacción de la oposición venezolana ante estos abusos? ¿Por qué María Corina Machado, cuyo inmenso coraje y determinación he elogiado en varias ocasiones, muestra en este caso tanta cautela?
Cabe suponer que por dos razones. La primera: considera que, sin el apoyo de EE UU, no hay posibilidad alguna de una transición en Venezuela, y por eso evita decir algo que ponga en riesgo la relación con la Casa Blanca. Como el presidente Trump es impulsivo e hipersensible a las críticas, eso implica manejar la relación con una excesiva diplomacia.
En segundo lugar, si llegara a ocurrir un distanciamiento con EE UU que resultara en una aproximación entre Maduro y Trump, la oposición quedaría desprotegida y la dictadura tendría aún más espacio para reprimir, reduciendo las probabilidades de un cambio.
Bajo esta lógica, no se niega que lo ocurrido con los deportados a El Salvador y con la revocación del TPS es indefendible. Pero la prioridad es pastorear cuidadosamente a Trump hacia una política que abra el camino para una transición. Una vez que Maduro salga del poder, la oposición podrá negociar con El Salvador y EE UU la liberación de los venezolanos detenidos y el retorno de los migrantes.
¿Son válidos estos argumentos?
Tal vez existiría un dilema si la administración Trump tuviera un compromiso real con la democracia en Venezuela y una visión clara sobre cómo diseñar un plan integral para aumentar las probabilidades de un quiebre que lleve a una transición.
El problema es que Trump no ha dado señales de tener ninguna de las dos. Si realmente le importara la democracia, no habría asfixiado o desmantelado tantas instituciones en Washington dedicadas a promoverla. Tampoco mostraría ese irrespeto por el Poder Judicial y la separación de poderes en su propio país, ni coquetearía con tantos regímenes autoritarios, incluido el de El Salvador.
Es evidente, además, que Trump no tiene una política coherente hacia Venezuela y que es difícil que la tenga debido a las divisiones en su administración que él mismo parece alentar con sus cambios repentinos de decisión, su renuencia a aceptar errores, su falta de visión, y su propensión a incumplir promesas. Los vaivenes sobre la revocación de la licencia a Chevron para operar en Venezuela son un botón de muestra.
En resumen, Trump no es un aliado confiable, sino un líder imprevisible, errático y arbitrario, capaz de sacrificar cualquier alianza o causa noble por conveniencia política o interés personal.
Es cierto que EE UU existe un consenso bipartidista en torno al repudio a la dictadura de Maduro y al apoyo a la oposición democrática. También lo es que sería ideal mantener ese consenso. Pero si la intención es preservarlo, debe buscarse un espacio que permita hacerlo y al mismo tiempo dejar claro que la oposición defiende y respalda a todos los venezolanos que, con esfuerzo y trabajo honesto, buscan en otros países una vida mejor.
Y si en el futuro se demuestra que ese espacio en realidad no existía —lo cual es posible—, no habrá nada de que arrepentirse. No vale la pena contar con aliados que exigen, como condición para su apoyo en la lucha contra Maduro, renunciar a la defensa de los derechos básicos de quienes se vieron trágicamente forzados a abandonar el lugar que los vio nacer.
La oposición en Venezuela siempre se ha vanagloriado de estar del lado correcto de la historia. Sería una lástima que la deferencia hacia Trump termine siendo recordada como una prueba de lo contrario.