¿Por qué Trump no pide el regreso del hombre deportado por error?
En Estados Unidos un migrante salvadoreño fue deportado por un error administrativo a un cárcel salvadoreña. En un tribunal los abogados de la administración Trump reconocieron que, a pesar de que un juez de inmigración había prohibido la deportación de Kilmar Abrego García, autoridades migratorias lo arrestaron y expulsaron del país.
Una jueza federal Paula Xinis ordenó al Gobierno que trajera de vuelta al migrante, calificando la acción de un «grave error» que representa un «choque a la consciencia». En lugar de acatar la orden, el Gobierno acudió a la Corte Suprema para pedir su suspensión, alegando que el tribunal no tiene jurisdicción en El Salvador, donde se encuentra el deportado. Ayer la Corte Suprema, dándole la razón a la jueza Xinis, decidió que la administración debía facilitar el retorno del Abrego García.
La pregunta clave es por qué Trump, si admite que cometió un error en la deportación, no ha mostrado la menor disposición para liberar a un hombre inocente. ¿Por qué debe intervenir la Corte Suprema? La respuesta simple es que no quiere hacerlo, y por eso ahora podría intentar una maniobra para no cumplir la orden de la corte.
Como en otros casos en curso, el de Abrego García revela algo que muchos desconocen: el discurso de la administración Trump es más racional en los tribunales, donde los abogados deben regirse por estándares mínimos de lógica y coherencia, que fuera de ellos, donde es fácil mentir con impunidad y confundir a la gente.
Lejos de las cortes, la administración Trump insiste en que Abrego García es un delincuente peligroso, miembro de la pandilla trasnacional MS-13. Pero ante el juez los argumentos son más matizados. En primer lugar, aunque confiesan haber cometido un error al deportarlo, alegan que no pueden hacer nada para remediarlo porque Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre El Salvador. Dicen que el Gobierno no puede obligar a ese país a devolver a un migrante de nacionalidad salvadoreña.
En segundo lugar, son más cautelosos en sus argumentos. Cuando la jueza Xinis señaló en una audiencia la semana anterior que la administración no había presentado pruebas convincentes de que Abrego García perteneciera a MS-13, ocurrió algo asombroso: el abogado del Gobierno, Erez Reuveni, reconoció la «ausencia de evidencia» que justificara su detención y deportación. También reconoció que, al consultar a funcionarios por qué no se podía traer de regreso a esta persona injustamente deportada, no había recibido respuestas «satisfactorias».
Hasta ahora, el doble discurso de la administración Trump ha sido parte del juego. Esta vez, sin embargo, la distancia entre lo que sus abogados argumentan dentro de los tribunales y lo que funcionarios de la Casa Blanca dicen afuera parece haber sido demasiado grande, porque poco después de la audiencia Reuveni fue suspendido. ¿La razón? La fiscal general, Pam Bondi, dijo que los fiscales del Departamento de Justicia deben «defender con celo a Estados Unidos».
Con o sin Reuveni, la administración Trump sigue aceptando que deportó a un hombre ilegalmente. ¿Por qué entonces no ha hecho un esfuerzo por gestionar su regreso a EE UU? En este caso particular, ¿no sería fácil hacer lo correcto y evitar críticas por un error que ellos mismo ya admitieron?
Si tuviera que especular, diría que la razón es esta: una miríada de investigaciones periodísticas sugiere que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, un número considerable de migrantes sin antecendentes criminales en EE UU ni vínculos comprobados con el Tren de Aragua fue deportados a una cárcel en El Salvador.
El programa 60 minutes de CBS reveló el pasado domingo que, de los 238 venezolanos expulsados el 15 de marzo, al menos el 75 por ciento no tenía antecedentes penales. Bloomberg publicó después una investigación similar en la que afirma no haber encontrado ningún récord criminal en el 90 por ciento de ese mismo grupo.
La administración Trump insiste en que todos los expulsados son personas muy peligrosas que han sido cuidadosamente «vetadas», pero se rehusa a presentar pruebas de su supuesta criminalidad, probablemente porque no las tiene. Ceder fácilmente en el caso de Abrego García sería como abrir una caja de Pandora: al aceptar el regreso de una persona que nunca debió ser deportada, los abogados de otros migrantes podrían exigir lo mismo. De hecho, la decisión que tomó ayer la Corte Suprema abre esa puerta.
El riesgo ahora es que la administración Trump alegue que El Salvador, por razones propias, no quiere liberar a ese ciudadano salvadoreño. Podría decir que el problema no es que el Gobierno no quiera acatar la orden, sino que no puede.
Pero hablemos claro: es evidente que sí puede. Trump o Rubio solo tendrían que llamar por teléfono al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que ordene la liberación de Abrego García. Aunque en los tribunales estas cosas no se digan, Bukele es un líder autoritario con control absoluto sobre el sistema judicial y todas las demás instituciones de su país. Tiene el poder para liberar a quien quiera, cuando quiera.
Además, bajo un acuerdo firmado entre ambos países, EE UU paga a El Salvador 20 mil dólares al año por cada preso. Bukele no tiene entonces ningún incentivo para contrariar a Trump. Y si lo hiciera, el magnate podría presionarlo como ya ha hecho en los últimos meses con otros mandatarios, incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien forzó a aceptar deportados bajo amenaza de imponer aranceles.
Si Abrego García no es traido de regreso a EE UU, la razón será simple: Trump no quiere.
La buena noticia es que el sistema judicial está reaccionando. Además del fallo sobre Abrego García, todos los magistrados de la Corte Suprema coincidieron en otro dictamen en que, en las deportaciones amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar su expulsión en una audiencia—una victoria modesta, pero significativa, para el debido proceso. Poco después, jueces federales en Nueva York y Texas impusieron nuevos obstáculos a las deportaciones sumarias bajo esta ley.
Como escritor con larga experiencia observando abusos de poder y destrucción institucional, creo tener cierta sensibilidad para reconocer y apreciar las fortalezas del sistema democrático estadounidense y las salvaguardas que lo protegen. Y en el caso de Abrego García, los medios y el poder judicial han cumplido su función, dificultando que los funcionarios actúen impunemente al margen de la ley.
Los fallos de los tribunales hablan por sí solos. Pero no podemos subestimar la labor de la prensa. La administración Trump no quería revelar los nombres de los 238 deportados, pero CBS logró obtener la lista. Una vez identificados los migrantes, cualquier medio puede investigar si tienen antecedentes penales o vínculos con organizaciones criminales.
Al mismo tiempo, el sistema judicial forzó al Gobierno a admitir que la deportación de Abrego García fue ilegal—una información que The Atlantic sacó a la luz y provocó una fuerte reacción pública. Este caso, a su vez, genera dudas sobre la legalidad de otras expulsiones, motivando a los medios a seguir investigando.
En estos tiempos inciertos, es fácil enfocarse solo en lo malo. Pero el caso de Abrego García revela que hay muchos abogados, activistas, jueces y periodistas que, al ejercer su labor con coraje y convicción, siguen defendiendo principios democráticos fundamentales que limitan las arbitrariedades del poder.