La ignominia de las deportaciones al CECOT

Algunas cosas deben llamarse por su nombre

Sobre el caso de los más de 250 migrantes deportados desde Estados Unidos a una cárcel salvadoreña, hay varias cosas que no se han enfatizado lo suficiente.

En primer lugar, lo más grave no es que hayan sido expulsados sin debido proceso. Eso es terrible, pero no lo peor. Lo escalofriante es que los enviaran a un gulag extranjero, donde no tienen acceso a abogado, visitas, llamadas ni otras garantías básicas. Porque, como todos sabemos, en El Salvador no hay Estado de derecho. Es un país gobernado por un presidente que, aunque popular, es profundamente autoritario.

Como es obvio, uno de los riesgos de realizar deportaciones sin el más mínimo proceso legal es que se expulse a personas inocentes. De hecho, eso es lo que ha ocurrido en este caso. Varias investigaciones periodísticas han revelado que, contrario a lo que asegura la administración Trump, un número importante de los migrantes trasladados al CECOT —el infame centro de detención salvadoreño— no tenían antecedentes criminales en EE UU ni vínculos comprobados con pandillas criminales. Si se van a llevar a cabo deportaciones sumarias, en las que los afectados no pueden defenderse de una falsa acusación y las autoridades no están obligadas a probar culpabilidad, ¿por qué enviarlos a prisiones? ¿Por qué no simplemente expulsarlos?

Encarcelar a migrantes inocentes junto a delincuentes solo por haber cruzado la frontera es una tremebunda injusticia bajo cualquier circunstancia. Mandarlos a pudrirse en el gulag foráneo de una dictadura es una ignominia que debe llamarse por su nombre.

En el caso de Kilmar Abrego García, el salvadoreño que la administración Trump admitió haber deportado por error al CECOT, también está ocurriendo algo inaceptable que se ha perdido en medio de tanto escándalos.

Antes los tribunales y en el debate público, la administración ha esgrimido dos argumentos para no «facilitar» el regreso de Abrego García, a pesar de que un juez federal lo ordenó en un fallo validado por la Corte Suprema.

El primero es que El Salvador es una nación soberana y Trump no puede obligar a su gobierno a devolver a EE UU a uno de sus ciudadanos. Todo el mundo sabe que ese argumento es deshonesto y manipulador. EE UU le paga millones de dólares a El Salvador por el alojar a deportados en sus prisiones. Con una simple llamada, Trump podría lograr que Bukele, quien controla el sistema judicial de su país, ordenara de inmediato el regreso de Abrego García.

Escuchemos al vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa:

…se está dando este servicio que podríamos llamar un alojamiento penitenciario…Entonces no vemos que sea un tema de derecho internacional ni de conflicto internacional en la medida en que está respaldado por la prestación de un servicio. La calidad de los internos o de la persona que viene no la califica El Salvador; la califica el Estado que pide la prestación de servicio.

Si el gobierno salvadoreño está prestando un servicio penitenciario, y es el contratante quien decide a qué persona enviar y por qué, Bukele no tiene ningún incentivo para contrariar al que le paga por encarcelarlos.

De hecho, Trump le dijo a Terry Moran de ABC News que él, si quisiera, podría traer de regreso a Abrego García:

"You could get him back. There's a phone on this desk," Moran told Trump, pointing to the phone on the Resolute Desk.

"I could," Trump conceded.

"You could pick it up, and with all--" Moran began to say.

"I could," Trump said again.

"--the power of the presidency, you could call up the president of El Salvador and say, 'Send him back right now,'" Moran explained.

"And if he were the gentleman that you say he is, I would do that," Trump offered, before saying, "I'm not the one making this decision."

"You're the president," Moran told him.

"I-- no, no, no, no. If-- follow the law. You want me to follow the law. If I were the president that just wanted to do anything, I'd probably keep him right where he is—" Trump said.

"The Supreme Court says what the law is," Moran said.

El otro argumento de la administración, que asoma en este intercambio entre Moran y Trump, es que Abrego García pertenece a la pandilla MS-13 y que merece estar en una prisión en El Salvador.

Recordemos algo: la administración Trump aún no ha presentado pruebas que respalden esta afirmación. No solo eso: un abogado del Gobierno, Erez Reuveni, reconoció en un tribunal la «ausencia de evidencia» que justificara la detención y deportación de Abrego García, una declaración que hizo que la fiscal general, Pam Bondi, ordenara su suspensión.

Que el gobierno no posee esas pruebas es evidente por dos razones. La primera es que, si las tuvieran, las habría presentado cuando estalló el escándalo.

La segunda es que, como es difícil negar que deportaron ilegalmente a Abrego García, ahora están haciendo un esfuerzo por escarbar su pasado en busca de evidencia que lo incrimine. Es decir, intentan justificar su reclusión después de haber tomado la decisión ilegal de trasladarlo al CECOT. Y con este propósito, la administración Trump ha movilizado al Departamento de Justicia (DOJ) y a todas la agencias bajo su supervisión. Por eso apareció en días recientes información que involucra a Abrego García en un caso de violencia doméstica, y por eso el DOJ ha abierto una investigación sobre una parada de tráfico en 2022 que, según la administración, vincularía al salvadoreño con el tráfico de personas.

Las implicaciones de todo esto son alarmantes: las administración ha volcado al DOJ en la tarea de encontrar pruebas que justifiquen ante la opinión pública la deportación de un hombre sobre el que no tenía evidencia de actividades criminales en el momento que decidió enviarlo a una cárcel salvadoreña. El mensaje parece ser que, aunque lo deportaron ilegalmente, están convencidos de que es un delincuente que merece estar preso y ahora trabajan para demostrarlo. Es el equivalente a encarcelar a alguien por asesinato sin tener pruebas y, cuando la sociedad civil y los medios reaccionan, hacer todo lo posible por descubrir evidencia que lo convierta, retroactivamente, en culpable.

Varios jueces federales han advertido sobre los peligros de esta erosión del debido proceso en el marco de la campaña de deportaciones masivas, una violación flagrante de la Quinta Enmienda de la Constitución, que establece «no person shall … be deprived of life, liberty or property, without due process of law». La palabra «persona», recuerdan lo jueces, no distingue entre ciudadanos y no ciudadanos.

Es una posibilidad que, en su afán de expulsar y encarcelar a individuos y grupos que percibe como adversarios y enemigos, la administración Trump también deje de hacer esta distinción.