El crimen organizado ayuda a Maduro a mantener el poder. ¿Podría también ser su talón de Aquiles?
La oposición venezolana parece haber llegado a una calle ciega donde no le queda más que retroceder. Aunque obtuvo una amplia mayoría de los votos en los comicios presidenciales del 28 de julio y reunió pruebas irrebatibles de su victoria, el dictador Nicolás Maduro se declaró ganador y no muestra disposición alguna a ceder el poder.
La comunidad internacional presiona a Maduro para que acepte su derrota o al menos presente evidencia de su supuesto triunfo, pero ya es obvio que este esfuerzo será insuficiente. Por otro lado, la represión encarnizada y violenta de los cuerpos de seguridad ha limitado seriamente la capacidad movilizadora de la oposición.
Todo esto plantea un reto para las fuerzas democráticas: qué hacer en los próximos meses. ¿Es posible encontrar una forma de avanzar hacia una transición?
En los análisis sobre cómo Maduro logra mantener el poder, se menciona poco el papel del crimen organizado. La economía ilícita —narcotráfico, minería, contrabando— beneficia a la dictadura de dos maneras: proporciona una fuente de ingresos a militares de todo nivel que, si dependieran solo de sus bajos salarios, serían más propensos a conspirar contra Maduro; y compromete a una parte importante del sector castrense en la tarea de preservar el poder a cualquier costo, ya que una transición implica el riesgo de enfrentar la justicia por sus fechorías.
Ahora bien, un sistema en el que participa una multitud de funcionarios corruptos y organizaciones criminales es inherentemente inestable. Aunque la dictadura intenta regular la economía ilegal para beneficiarse de ella, no ejerce una autoridad real sobre todos sus componentes. Esta falta de control es una debilidad del régimen que la oposición y sus aliados internacionales podrían explotar.
El Estado y el crimen organizado
Es difícil definir con exactitud el papel que desempeña el Estado venezolano, incluidos los militares, en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sabemos que, contrario a lo que sostiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la dictadura no es un cartel liderado por Maduro y sus lugartenientes. Sabemos que los cabecillas del régimen no dedican sus días a montar y mantener laboratorios de cocaína o articular redes sofisticadas para transportar drogas.
La dinámica es más complicada. Como bien lo explica Insight Crime en un lúcido informe, el crimen organizado en Venezuela no es un nítido organigrama con Maduro en la cima. Es un sistema cambiante, flexible y desordenado que el gobierno intenta moldear a su conveniencia, y en el que participa un elenco siniestro de actores que abarca tanto carteles de droga y pandillas trasnacionales como exguerrilleros de las FARC y el ELN.
Sabemos que los narcotraficantes le pagan a los militares para operar con impunidad, asegurándose de que sus pistas de aterrizaje o laboratorios no sean intervenidos. Sabemos que los carteles realizan desembolsos puntuales para garantizar que sus mercancías se desplacen libremente por aire o tierra a través de ciertas rutas.
También sabemos que la participación castrense puede ser directa. Se ven casos de militares que, asociados con organizaciones criminales, transportan ellos mismos drogas dentro del país. Como controlan muchos puertos y aeropuertos, algunos han desempeñado un rol central en la exportación de cocaína y oro.
Sin embargo, en esa relación no solo hay colaboración, sino también exclusión. La dictadura tiene el poder para privilegiar a ciertos grupos sobre otros. «A mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley», dijo el dictador peruano Óscar Benavides. Maduro aplica esa máxima tanto en el ámbito político como en el criminal. Por ejemplo, en las zonas donde sus aliados controlan el tráfico de drogas, el gobierno no hace el menor esfuerzo por decomisar cargamentos. Donde no tienen influencia, el gobierno es mucho más activo, realizando con frecuencia incautaciones y operativos antinarcóticos.
¿Cómo se beneficia Maduro de esta dinámica entre el Estado y las organizaciones criminales? Con el colapso de la economía venezolana, la dictadura no tiene cómo pagar salarios dignos a los militares. Para Maduro esto representa un problema porque su permanencia en el poder depende de evitar rebeliones en el ejército. Las actividades ilícitas pueden llenar el espacio que deja el Estado. En algunos casos, permiten a los soldados aumentar sus ingresos o ganar lo suficiente para sobrevivir; en otros, llevan a la creación de enormes fortunas.
Involucrar a la Fuerza Armada con las mafias tiene una ventaja adicional: mantener el statu quo se convierte en una prioridad para una constelación más amplia de actores. A Maduro le conviene que militares de todos los niveles crean que, si cae la dictadura, ellos se hundirán con él.
Las vulnerabilidades de un Estado mafioso
En Venezuela los protagonistas de la economía ilegal padecen fracturas internas: el Estado está dividido, el chavismo está dividido y el crimen organizado está dividido. Esto significa que, en ocasiones, no solo se enfrentan y compiten las mafias, sino también las distintas facciones dentro de las fuerzas de seguridad y del gobierno. El mundo criminal no es una estructura jerárquica; no existe un mando central.
Este desorden es un factor desestabilizador. Con una diversidad de grupos delictivos compitiendo entre sí, actuando por su cuenta o en colaboración con clanes del régimen que también rivalizan u operan sin coordinación, el riesgo de conflicto es alto, especialmente en ausencia de una autoridad capaz de imponer orden.
Maduro no solo se siente amenazado por la oposición y sus aliados internacionales como Estados Unidos. No solo teme a los enemigos internos y externos que quieren desplazarlo por razones políticas; también le preocupan las dinámicas volátiles de la economía ilegal, donde circula mucho dinero y pululan actores muy peligrosos que podrían atentar contra él o sus intereses, ya sea por motivos reales o imaginados.
Un caso revelador es el de Tareck El Aissami, el poderoso ministro de Petróleo que Maduro encarceló el año pasado. El Aisammi ha sido señalado en varios países por su participación en el narcotráfico y otros negocios ilícitos. El famoso capo de la droga, Walid Makled, admitió una vez ante cámaras haber tenido una relación con el influyente funcionario a través de su hermano. Todo esto se sabe desde hace años.
La dictadura vinculó a El Aisammi con una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela. Sin embargo, esa no fue la verdadera razón de su arresto: el gobierno está plagado de corruptos que roban sin ser investigados ni castigados. El ministro cayó en desgracia no por ladrón, sino porque a Maduro le pareció oportuno deshacerse de él. ¿Por qué en ese momento?
Tal vez el motivo fue similar al que lo ha llevado a combatir el narcotráfico en ciertas zonas y no en otras. Quizá El Aissami, al acaparar para sí mismo fuentes importantes de ingresos en la economía ilegal, empezó a ser visto como una figura incómoda para el régimen. O tal vez los negocios del ministro se solaparon con los de otro chavista poderoso.
En todo caso, la decisión de encarcelarlo fue arriesgada, ya que El Aissami ha amasado una fortuna y mantiene relaciones con criminales de alto vuelo, como la que tuvo con Makled. Pugnas de este nivel, entre gánsteres multimillonarios dispuestos a todo por sobrevivir, representan un peligro para la estabilidad del régimen. Son el talón de Aquiles de un Estado mafioso.
Puentes de oro laterales
Ante esta realidad, ¿qué pueden hacer la oposición y sus aliados internacionales? ¿Pueden aprovechar estas vulnerabilidades para provocar un quiebre en la dictadura?
Un primer paso es reconocer que el miedo une a funcionarios, militares y criminales en la causa común de mantener el statu quo, limitando el potencial desestabilizador de las divisiones.
La oposición y la comunidad internacional, en especial EE UU, deben enviar un mensaje claro y directo a los rangos medios y bajos de la Fuerza Armada: si ocurre una transición, no habrá una cacería de brujas y se protegerá a todos los que contribuyan a promover un cambio.
Por supuesto, en esos escalafones probablemente haya responsables de crímenes atroces, por lo que deberán hacerse excepciones a esta promesa. Sin embargo, es esencial enfatizar el mensaje de no persecución. El objetivo es minimizar el número de personas que se sientan en peligro si Maduro deja el poder.
Con los funcionarios y militares de alto nivel la estrategia debe ser distinta. Muchos analistas han propuesto que EE UU ofrezca inmunidad judicial a Maduro y su entorno cercano a cambio de allanar el camino para una transición. En principio, la idea de tender un «puente de oro» parece razonable. Tanto Maduro como numerosos miembros de su gobierno y del ejército enfrentan cargos en EE UU y otros 30 países. La Corte Penal Internacional investiga crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen.
El problema es que, para la cúpula dictatorial, esta oferta de inmunidad conlleva demasiada incertidumbre; las amenazas legales provienen de una miríada de jurisdicciones. Ningún gobierno puede ofrecer a Maduro un escenario más seguro que el de permanecer en la presidencia.
Por eso el blanco de estas propuestas tiene que ser facciones dentro del chavismo que mantienen una relación tensa con el dictador; figuras que temen caer en desgracia en cualquier momento y cuentan con suficiente poder para generar una ruptura. La oferta de inmunidad es más tentadora si la alternativa es un destino oscuro como el Tareck El Aisammi u otros altos funcionarios que también acabaron presos. EE UU no debe ofrecer un puente de oro central al régimen de Maduro, sino puentes de oro laterales a chavistas poderosos que, en determinados momentos, podrían verse obligados a escoger entre navegar el mar incierto de una transición o pudrirse en un calabozo de la dictadura.
¿Es posible instigar disputas en el régimen para hacer esos puentes laterales más atractivos? Esto debería ser una prioridad de la política de EE UU hacia Venezuela. Todas sus acciones —sanciones individuales, recompensas por la captura de cabecillas, filtración de información sensible— deberían tener como objetivo dividir al gobierno aguzando los conflictos ya existentes, aprovechando su incapacidad para monopolizar los negocios ilícitos y explotando el clima de desconfianza y paranoia que corroe las relaciones entre personajes que necesitan mantenerse unidos para no ser derrocados o encarcelados.
Aunque este enfoque podría no dar resultado, es preferible a solo enfrentar a Maduro en terrenos donde tiene todas las de ganar.